El Partido Popular andaluz cree que durante, al menos una década, en el seno de la Junta de Andalucía se estableció una "red clientelar" por parte de los sucesivos gobiernos del PSOE, que otorgaba "de forma caprichosa" los fondos públicos a empresas y personas cercanas al PSOE o a cargos del propio ejecutivo. Al frente, el PP-A sitúa a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y para ambos, a diferencia de la Fiscalía, solicita penas de cárcel: ocho años en el caso de Griñán y dos en el caso de Chaves.

Ésas son las claves del escrito de acusación que por el caso de los ERE ha presentado este lunes el Partido Popular de Andalucía, que estima que el "régimen" establecido en la Junta para la concesión de ayudas a discreción supuso un perjuicio para las arcas públicas de 1.280 millones de euros. La cifra la ha dado la secretaria general del PP-A, Dolores López, que ha enfatizado en que los encausados formaron una trama organizada, tal y como, ha recordado, reflejaba el juez de instrucción, Álvaro Martín, en su auto de mayo de 2016 en el que relataba cómo "concertando sus actuaciones llevaron a cabo los actos necesarios para la implantación del denominado procedimiento específico [...]", la clave de bóveda de las irregularidades en los ERE.

A José Antonio Griñán, el PP le acusa en su escrito de tres delitos: prevaricación, asociación ilícita y malversación de caudales. Por el primero de ellos pide una condena de diez años de inhabilitación; por el segundo, dos años de cárcel y otros doce de inhabilitación, y por el tercero, seis años de prisión y 20 de inhabilitación.

En el caso de Manuel Chaves, la lista de cargos se limita a prevaricación y asociación ilícita, delitos por los que pide penas de diez años de inhabilitación y dos años de cárcel y doce de inhabilitación, respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a mediados de septiembre seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y diez años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación., penas que supera ampliamente ahora el PP como acusación popular.

El PP-A incluye en esa trama, como también hizo el Ministerio Público, a ex consejeros, ex viceconsejeros y ex directores generales, además de otros ex altos cargos de la Administración andaluza. Como José Antonio Viera, ex consejero de Empleo, para el que reclama diez años de cárcel y 42 de inhabilitación; o el también ex consejero de Empleo Antonio Fernández, para el que ha solicitado la misma pena.

Para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda, los 'populares' reclaman ocho años de cárcel y 42 años de inhabilitación, mientras que para el ex director de Trabajo, Javier Guerrero, pide diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. Otra de las encausadas, la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, se enfrenta a una petición de pena por parte del PP-A de dos años de prisión y 22 de inhabilitación.

Los 'populares' reprochan en su escrito que la Junta vulnerase los principios de objetividad, publicidad, igualdad y no discriminación a la hora de conceder unas ayudas de las que fueron discriminados la mayoría de los andaluces y a las que no se dio publicidad alguna.

"Se trata de fraude ideado en las más altas esferas del Gobierno andaluz con un sistema ajeno a todos los controles. La Junta repartió dinero ilegal a dedo a empresas y empresarios afines al PSOE o la Junta sin que nadie pudiera detectarlo", ha esgrimido López.

La dirigente popular no ha dudado en indicar que la "red clientelar estaba perfectamente tejida en torno al PSOE-A" con el objetivo de "mantenerse en el poder", y ha subrayado que "nadie se cree que un director general (por Javier Guerrero) manejara más de 1.000 millones a su antojo y sin rendir cuentas".

"Nadie se cree que la operación del fondo de reptiles se la inventó un alto cargo que iba por libre, cuando fue un sistema para enmascarar los datos en los presupuestos", ha afirmado.

López ha tildado de "riguroso y serio" el escrito de acusación de su partido al "respetar" los criterios de la Fiscalía y solicitar las misma penas a las mismas personas.

La secretaria general del PP-A ha acusado a la Junta de "renunciar" a defender a los andaluces en lo que ha denominado como el "mayor caso de corrupción de la democracia" y ha señalado que se ha comportado como el "brazo ejecutor del PSOE".

En este sentido se ha referido a las críticas de la presidenta andaluza, Susana Díaz, la "presunta" mujer de Estado, tanto a la juez Mercedes Alaya como a la Guardia Civil, a los que "comparó con la Inquisición", ha precisado.

Fuente: http://ow.ly/Biwg305gfsR