El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha comunicado hoy al representante legal del PP, Alberto Durán, que en su condición de responsable civil subsidiario deberá hacer frente a las cantidades no aportadas por sus ex tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y su ex gerente Cristobal Páez, por la caja B que el partido utilizó durante al menos 18 años [lea el requerimiento en PDF].

En el auto de apertura de juicio oral, dictado hace ahora un año, se daba al partido 10 días para que aportará 1,2 millones de euros [lea el auto en PDF]. En el caso de que no lo hiciera se procederá al embargo de sus bienes.

En la diligencia de ordenación dictada por la secretaria del Juzgado Central de Instrucción número 5, Ana Esther Sánchez, también se exige al PP, como responsable civil subsidiario, la cantidad no aportada por Unifica Servicios Integrales, empresa que realizó presuntamente con dinero en negro la reforma de la sede principal del partido, en la calle Génova, en Madrid.

En el auto de apertura de juicio oral, se fijó la fianza que tenía que abonar Unifica en un total de 4.524.851 euros, entre multas y responsabilidad civil, aunque luego esa cifra se rebajó en 577.249 euros, al retirarles al acusación relativa a un ejercicio fiscal que ya había prescrito.

Por su parte, Bárcenas y Lapuerta debían hacer frente cada uno de ellos a 8,9 millones de euros. La cantidad impuesta a Cristóbal Páez ascendía a 7,4 millones.

En el caso del PP, la cantidad que finalmente tendrá que presentar en el Juzgado Central de Instruccion número 5 asciende a 1.245.154,18. Esa cantidad se obtiene de 220.167,04, pertenecientes al impuesto de sociedades que dejó de pagar el partido en el ejercicio de 2008, más 1.024.987,14, del Impuesto de Sociedades de 2007 por Unifica "por la relación de dependencia de los acusados Lapuerta, Bárcenas y Páez".

Estas cantidades obedecían a las cifras defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares.

El PP, responsable civil subsidiario

De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con cajas B, que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido", informa Europa Press.

Así constaba en el auto del pasado mayo en el que abría juicio oral contra los ex tesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2016/05/23/5742ebd9ca4741cd6b8b4636.html